Los arrendadores podrán subirlo algo más. El alquiler de los pisos en Móstoles subirá en 2025: así será el nuevo índice del INE
Ha llegado el día que millones de personas menos estaban esperando en España. El precio de la vivienda y, por ende, en muchos casos, del alquiler, es algo que ha elevado al máximo su preocupación en los últimos años. En particular, Móstoles es una ciudad que en los últimos meses ha sufrido una valoración al alza como se ha podido ver en algunos rankings como el de Idealista o Fotocasa. En cualquier caso, hay factores de los que difícilmente se puede escapar y en los que los afectados son la gran mayoría de los españoles.
Uno de ellos tiene que ver con el precio del alquiler. La regularización se lleva pidiendo desde hace mucho tiempo ante la dificultad del acceso a una vivienda arrendada. Sin embargo, mientras ese debate político sigue estando a la orden del día, lo que era ineludible y que más tarde o más temprano iba a terminar llegando era el nuevo índice de referencia de arrendamientos. Este ha sido publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) esta misma mañana.
Sube el precio del alquiler
El objetivo era evitar un incremento desorbitado y desproporcionado de los precios del alquiler. Esto es posible a través de unas medidas de contención de los mismos basados en la regulación de todos aquellos contratos de alquiler que han llevado a esta nueva actualización del índice. Dicho de otra manera, la revisión de los alquileres durante este 2025 podrán llevar consigo un aumento de hasta 2,20% del precio base.
Este índice regulatorio incluye el valor mínimo entre a tasa de variación anual del ÍPC, la tasa de variación anual del IPC subyacente y las tasas de variación anual media ajustada de ambos. De esta manera, todos los nuevos alquileres o revisiones que se hagan podrán tener un aumento de ese 2,20%. En el caso de que los contratos de arrendamiento estén firmados desde antes de mayo de 2023, se podrán seguir actualizando en función del IPC o del Índice de Garantía de Competitividad, ya que esta medida se basa en los contratos que tuvieron su firma previa a la entrada en vigor de la Ley por el Derecho a la Vivienda.
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