La exalcaldesa tendrá que indemnizarlas. El TSJM ratifica la condena a Noelia Posse por vulnerar los derechos de dos trabajadoras en Móstoles
Los procesos judiciales vuelven a colarse en la actualidad política de Móstoles, algo que viene sucediendo desde hace algunos años. Esta vez el foco vuelve a estar en la que fuera alcaldesa del municipio en la anterior legislatura, Noelia Posse. La portavoz del PSOE ha sido noticia estos días al anunciar que al término de este mandato renunciará a la portavocía socialista y dejará de ser concejal también.
Han pasado ya varios meses desde que Noelia Posse fuese condenada al pago de una indemnización para dos trabajadoras municipales. En total, deberá dar un importe de 7.501 euros por persona en concepto de daños morales. Algo que ha sido ratificado esta misma semana por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Indemnización por vulnerar derechos fundamentales
El Juzgado de lo Social de Móstoles ya declaró en su día la existencia de una actuación represiva contra ambas empleadas del municipio, aunque absolvió al Ayuntamiento de la responsabilidad. Ahora, el TSJM ha desestimado el recurso de suplicación de la exalcadesa contra dicha sentencia que se conoció en julio de 2024. Eso sí, contra esta nueva sentencia cabe el recurso de casación.
Estos hechos se retrotraen a mayo de 2021. Las dos denunciantes alegaban que en aquel momento fueron apartadas de su cargo como secretarías en las concejalías de Recursos Humanos y Servicios Sociales y Mayores. Según las demandadas fueron apartadas tras acudir a una asamblea de afiliados de UGT en la que se trataron asuntos como la situación de los interinos y como represalia por este motivo. En dicha asamblea estas personas se mostraron en contra o disconformes con las negociaciones por parte del sindicato y el Consistorio en los procesos de estabilización y consolidación de los puestos de trabajo de los interinos.
Según las trabajadoras, Posse dio órdenes para que estas dos trabajadoras volvieran a sus puestos de auxiliar administrativa y fueran cesadas como secretarias sin justificación. Los ediles titulares de las concejalías se negaron. La exalcaldesa exigió personalmente el cese a los dos trabajadoras.
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