Esteban Parro y Daniel Ortiz, imputados. Dos exalcaldes de Móstoles, al banquillo: arranca el juicio por los supuestos amaños del caso Púnica
La trama Púnica regresa a la actualidad. Un caso en el que se investigan las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de contratos públicos a la empresa Cofely por un valor de 224 millones de euros. Un entramado en el que ha habido un total de 37 personas investigadas y de distinto espectro político. Una investigación que también afecta a Móstoles, ya que el que fuera alcalde del municipio, Daniel Ortiz, se encuentra en esa lista. No es el único, ya que el exregidor de la localidad mostoleña, Esteban Parro, también está acusado.
La Audiencia Nacional ha sentado en el banquillo de los acusados a los dos exalcaldes de Móstoles por supuestas irregularidades en la contratación de empresas vinculadas a la trama. Todas ellas con el objetivo de la organización de los festejos en los municipios que estaban gobernados por el Partido Popular en las legislaturas de 2003 a 2013.
Catorce personas acusadas y dos exalcaldes de Móstoles
Cabe destacar que Esteban Parro –alcalde de Móstoles entre 2003 y 2013- y Daniel Ortiz -regidor entre 2011 y 2015- no son los únicos acusados en este juicio. Ambos se sentarán junto a Francisco Granados, exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. Además, figuran también dos exalcaldes de Valdemoro, el exteniente de alcalde de Algete, la exalcaldesa de Ciempozuelos y el exregidor de Moraleja de Enmedio hasta sumar un total de 14 acusados.
Daniel Ortiz, además, acaba de ser condenado recientemente a tres años de prisión en otra rama del caso Púnica. Volviendo a este asunto, a los exalcaldes de Móstoles se les acusa por realizar contratos valorados en 262.000 euros. Sobre esa base se realizará una investigación en la que el tribunal deberá juzgar si en estos ayuntamientos hubo algún acuerdo previo para defraudar las arcas municipales a través de adjudicaciones supuestamente amañadas. Esto se realizaría a través del incremento de los precios más allá del beneficio industrial con expedientes para favorecer a la empresa en cuestión.
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