Se reclaman años de inhabilitación. La Audiencia Provincial de Madrid ordena señalar fecha para el juicio del Caso ITV de Móstoles
La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado que se fije la fecha para la celebración del juicio oral por el denominado ‘caso ITV‘, proceso que afecta de manera directa al anterior equipo de Gobierno de Móstoles. Se trata de una causa cuyo origen nace en el acuerdo alcanzado en 2020 entre el Ayuntamiento, liderado por aquel entonces por la exalcaldesa Noelia Posse y la empresa concesionaria de la ITV con el fin de poner fin al litigio derivado de la concesión administrativa de dicha estación.
Entre los acusados se encuentran no solo la exalcaldesa, Noelia Posse, sino también parte de su anterior equipo de Gobierno, el exconcejal Aitor Perlines, la mercantil ITV Móstoles S.L, varios responsables municipales, entre otros. Desde Europa Press confirman que la Audiencia de Madrid ha ordenado esa fijación de la fecha para la apertura del juicio oral tanto en día como en hora y atendido a la Agenda de Vistas y el movimiento de asuntos de la Sección.
El juicio del Caso ITV, más cerca
La sección séptima de la Audiencia Provincial acuerda también admitir las pruebas de interrogatorio de los acusados, periciales, testificales y documentales interesados tanto por la defensa como también por la Fiscalía y las acusaciones, con algunas excepciones. Por parte de la defensa se niega cualquier tipo de irregularidad y defienden que todo se adoptó conforme a la ley y en interés del consistorio. Sin embargo, las acusaciones afirman que hubo un resultado arbitrario que ocasionó un perjuicio económico en las arcas municipales generando delitos de prevaricación administrativa y malversación.
Por su parte, la Sala rechaza algunas diligencias solicitadas por las partes. Inadmite parte de la documentación solicitada por la acusación popular y la defensa por entender que ya están incorporados o carecen de relevancia. Asimismo, rechaza la petición del Ayuntamiento para que el Tribunal de Cuentas determinara el importe del potencial perjuicio económico causado a la corporación.
La Fiscalía pide 12 años de inhabilitación a Noelia Posse por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación. Por su parte, solicita ocho años de inhabilitado para el resto de exconcejales y cargos públicos procesados. Además, la acusación popular exige seis años de prisión y 15 de inhabilitación para los responsables políticos y tres años y seis meses de cárcel para la mercantil ITV Móstoles S.L. Por su parte, el Ayuntamiento reclama 817.453,94 euros por supuesto perjuicio económico en las arcas.
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