Hay investigadas un total de 37 personas de varios partidos. El exalcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, juzgado este lunes por el ‘Caso Púnica’
La trama Púnica regresa a la actualidad. Un caso en el que se investigan las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de contratos públicos a la empresa Cofely por un valor de 224 millones de euros. Un entramado en el que hay un total de 37 personas investigadas y de distinto espectro político. Una investigación que también afecta a Móstoles, ya que el que fuera alcalde del municipio, Daniel Ortiz, se encuentra en esa lista.
En total, 37 personas investigadas destacando al mencionado exalcalde de Móstoles, del Partido Popular, partido político del que forman parte también los exalcaldes de Collado Villalba Agustín Juárez López de Coca; de Valdemoro José Carlos Boza Lechuga; de Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada Pita; de Torrejón de Velasco Gonzalo Cubas Navarro; de Serranillos del Valle Antonio Sánchez Fernández, y de Almendralejo José García Lobato; aunque también podemos encontrar alguno del PSOE como José María Fraile, de Parla.
La Audiencia Nacional juzga este lunes
Siete exalcaldes madrileños, uno extremeño y el constructor, David Marjaliza, serán juzgados este lunes por la Audiencia Nacional en el contexto de la trama Púnica, según han confirmado en la Cadena SER y en La Vanguardia. El juez instructor ha imputado a estas personas por hasta ocho delitos, entre los que se encuentran los de organización criminal; prevaricación y revelación de información reservada; tráfico de influencias; fraude o cohecho.
Una investigación en el que el juez García Castellón detalla que entre 2012 y 2014, los investigados de la empresa Cofely y David Marjaliza actuaron «como una presunta organización criminal con una planificación integral, con vocación de permanencia e interviniendo en varios ayuntamientos, con la aspiración y la mirada puesta en hacerse con más contratos de eficiencia energética en entidades locales u organismos, ofreciendo acuerdos de corrupción con las autoridades y técnicos que adjudicaban».
Unos contratos adjudicados a Cofely en distintos ayuntamientos del sur de Madrid, como el de Móstoles en el que el valor del mismo se situó en 60.449.119 euros. Unas cifras que en total entre todos los municipios afectados llegaron a alcanzar la suma de 224 millones de euros. Un juicio que no es más que una pieza más en las que se divide esta trama que investiga una amplia red de corrupción en la adjudicación de los contratos públicos.
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