Según publica el Diario El Mundo en pocos días se tendrán que personar los acusados. El Tribunal de Cuentas abre juicio por el caso ITV de Móstoles.
Continuamos con el reguero de informaciones y citas del conocido como Caso ITV de Móstoles y que investiga la presunta condonación de casi 2,5 millones a una empresa de Móstoles por parte del anterior Ejecutivo Local. Una investigación por una presunta quita que surge a raíz de una querella de Más Madrid. Según informa hoy el Diario El Mundo un edicto fechado el 25 de octubre establece un plazo de nueve días para que los acusados se personen y comparezcan. Están siendo investigados Noelia Posse ex alcaldesa, David Muñoz ex teniente de alcalde, Rebeca Prieto ex edil de Empleo, Alejandro Martín ex edil de Cultura y Seguridad, Marisa Ruiz ex edil de Urbanismo, Aitor Perlines ex edil de Hacienda, María Dolores Triviño ex edil de Igualdad, Beatriz Benavides ex edil de Urbanismo, Nati Gómez ex edil de Educación y Francisco Javier Tomer ex tesorero.
Actuaciones previas
El Tribunal de Cuentas ya procedió a un acto administrativo de liquidación provisional en las Actuaciones Previas 79/2021 donde la delegada Instructora evacuó su informe concluyendo que en su opinión había un alcance patrimonial de 555.162,61 Euros de principal más 111.969,41 Euros de intereses que imputaba al impago de los cánones de la concesionaria ITV MÓSTOLES S.L. en los años 2015 a 2018. Es decir 667.131 euros y que correspondería abonar a los citados. En principio el Tribunal de Cuentas daba diez días a los investigados para que depositen la citada cantidad de forma solidaria o se procederá al embargo de bienes. Solamente el ex edil Aitor Perlines lo llevó a cabo. Al no depositar el aval se solicitaba un embargo a los bienes del resto de investigados.
Este caso está también pendiente de un proceso judicial abierto en los juzgados de Móstoles. Ya que los magistrados consideraban que no se puede descartar la existencia de indicios de un delito de prevaricación administrativa por condonar una deuda a la empresa concesionaria, lo que a su juicio supuso un “obvio” perjuicio a las arcas del Ayuntamiento de Móstoles.
Según el Código Ético del PSOE en caso de apertura de juicio oral deberían solicitar la baja voluntaria como afiliados y dimitir de su cargo y en caso de no hacerse deberían ser expulsados. Como siempre hacemos y recalcamos en este medio de comunicación poner, por delante, siempre, ante cualquier caso de estas características la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario.
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