“Estamos ante una norma injusta”, señala el alcalde. Móstoles pedirá al Gobierno eliminar la tasa de basuras y que su gestión sea municipal
El Ayuntamiento de Móstoles aprobó el pasado jueves, en la sesión plenaria ordinaria de noviembre, una propuesta del Grupo Popular para exigir al Gobierno de España la derogación de la tasa de basuras contemplada en la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados. Según el acuerdo municipal, este tributo, de carácter obligatorio para todos los consistorios, vulnera los principios de autonomía local, suficiencia financiera y justicia tributaria recogidos en la Constitución, al imponer desde el Estado una figura fiscal que debe ser gestionada y aplicada por las propias autoridades locales.
Además, desde Móstoles se solicitará una reforma de la normativa estatal. El objetivo es garantizar un modelo que respete la autonomía municipal y permita a los ayuntamientos decidir cómo cubrir el coste del servicio de recogida y tratamiento de residuos. La propuesta plantea que los municipios puedan optar entre financiar el servicio directamente con cargo a sus presupuestos o establecer sistemas mixtos que no obliguen a repercutir el coste íntegro sobre los vecinos. Entre las líneas de modificación reivindicadas, se incluye la incorporación de incentivos al reciclaje y a la economía circular. La idea sería sustituir las penalizaciones generalizadas por modelos que premien las buenas prácticas medioambientales.
Bonificaciones sociales y Economía Circular
El acuerdo aprobado también contempla la posibilidad de introducir bonificaciones sociales. Estas irían dirigidas a familias vulnerables, pensionistas o autónomos con bajos ingresos. Así, el marco normativo permitiría aplicar criterios de equidad en la ordenación de la tasa.
Como medida complementaria, el pleno instó al Gobierno central a frenar cualquier iniciativa que implique nuevas subidas de impuestos para trabajadores, familias y autónomos mientras no se configure un sistema fiscal más justo, equilibrado y sostenible. En esta línea, el Ayuntamiento de Móstoles reclamará la puesta en marcha de un Plan Nacional de Infraestructuras para la Economía Circular, cofinanciado con fondos europeos, que mejore la capacidad de los municipios para gestionar los residuos sin trasladar toda la carga económica a los ciudadanos.
“Estamos ante una norma injusta que convierte a los ayuntamientos en simples intermediarios recaudatorios y obliga a repercutir a los vecinos el coste total del tratamiento de residuos”, afirmó el alcalde Manuel Bautista tras la votación. “Esta ley invade competencias municipales reconocidas en la Constitución y pone en riesgo la sostenibilidad financiera de los municipios. Los mostoleños tenemos el derecho a decidir cómo gestionar nuestros propios recursos”, subrayó.
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