El ‘Caso ITV’ lleva meses protagonizando la vida política de la ciudad. Un mes de juzgados en Móstoles ¿Y ahora qué?
Acabó el mes de febrero y con ello semanas muy complicadas para el Gobierno de Móstoles con el ‘Caso ITV’. Probablemente muy pocos esperaban en su momento que la querella presentada por Más Madrid Ganar Móstoles sobre la quita de 2,4 millones de deuda de una empresa mostoleña con el Consistorio provocará un terremoto político tan importante en la ciudad. Buena parte del Gobierno tiene la etiqueta de investigado, la cual no elimina la presunción de inocencia y está bien que lo recordemos. Por tanto, medio Gobierno ha tenido que pasarse a declarar por los juzgados. En dicho edificio los ediles han tenido que hacer “el paseíllo” y soportar la “pena de telediario” que infligen los medios de comunicación. Unos medios, que algún día tendremos que reflexionar y dejar de darnos golpes de pecho porque nos hemos convertido en impulsores de shows de información, vistiéndonos con togas con micrófono para dictar sentencia y pena mediática a cualquier político investigado. Y no vale decir que tenemos derecho a informar porque cuando algún político sale absuelto en muchos casos ni nos hacemos eco, y siempre le dedicamos mucho menos espacio y espectáculo mediático a una absolución que a una investigación. Por lo tanto, sí, impulsamos penas mediáticas de culpabilidad. Toca reflexionar a todos, medios y ciudadanía. (permítanos querido lector hacer estas frases de autocrítica) Un mes de juzgados en Móstoles ¿Y ahora qué?
El interventor en contra
Meses atrás declaró por este ‘Caso ITV’ la alcaldesa de Móstoles Noelia Posse y el anterior edil de Hacienda Aitor Perlines. El 16 de febrero declararon Alejandro Martín, el portavoz del PSOE y concejal de Seguridad en el Ayuntamiento; Rebeca Prieto, la concejala de Empleo; María Luisa Ruiz, concejala de Urbanismo y David Muñoz, primer teniente de alcalde. Todos manifestaron “estar tranquilos” y pidieron “dejar trabajar a la justicia”. Solo respondieron a las preguntas del juez. El 28 de febrero fue el turno para Dolores Triviño, concejala de Igualdad, Beatriz Benavides, ex edil de igualdad y que ya está jubilada y Natividad Gómez, concejala de Educación por PODEMOS.
Como hoy publica el diario La Razón las versiones de la mayoría de los investigados se han diferenciado poco. Los ediles aseguran que contaron con el asesoramiento de un asesor externo. El interventor estaba en desacuerdo con la quita de la deuda, pero este asesor, que acudió a la Junta de Gobierno a petición de la edil de urbanismo Marisa Ruiz, explicó en la Junta de Gobierno que si a esta empresa no se le hacía una quita el Ayuntamiento no cobraría nada porque la empresa iría a la liquidación. Al final la Junta de Gobierno impulsó la quita de 2,4 millones de deuda contraída por esta ITV con el Consistorio por impago de impuestos.
Pleno de Móstoles
A la derivada de los juzgados se une la situación en el Pleno de Móstoles. La oposición pidió que en el Pleno del 24 de febrero la regidora se explicara sobre este asunto. La regidora se negó y argumento un informe del secretario que argumentaba que no era un tema de “gestión municipal” por lo que no tenía que dar explicaciones en el Pleno. Por su parte Más Madrid Ganar Móstoles llevó una moción para revocar la decisión sobre la ITV que tomó el Gobierno el pasado 20 de octubre de 2020 y que ha provocado esta situación. El Gobierno votó en contra y ganó la votación con el voto de calidad de Noelia Posse.
Ahora será la jueza la que tenga que decir si tras las declaraciones abre juicio oral a la alcaldesa o al resto de ediles porque considera que hay indicios suficientes y probados de delito y menoscabo grave al Consistorio o no. La apertura de juicio oral provocaría que interviniera el PSOE de la Comunidad de Madrid ya que según su código ético tendrían que dimitir lo cual nos dejaría un terremoto político de consecuencias imprevisibles a un año de las elecciones.
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