La sala penal de la Audiencia Nacional propone juzgar a Isabel Apellániz. A juicio la Directora General de Tributación y Recaudación de Móstoles
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha propuesto juzgar a Isabel Apellániz, Directora General de Gestión Tributaria y Recaudación del Ayuntamiento de Móstoles, así como a diversos políticos de diferentes municipios madrileños. El motivo, un supuesto «direccionamiento de los contratos públicos, transgrediendo los principios de competencia y concurrencia, que supone que se adjudiquen a una mercantil que probablemente oferte unas condiciones que no sean las más beneficiosas económica o técnicamente para la administración pública«.
A la política mostoleña y al resto de personas investigadas se les acusa de un presunto delito de prevaricación en la adjudicación de contratos públicos fraccionados para obras pequeñas a la empresa Efial Consultoría. Es decir, Apellániz estaría involucrada en una gran trama corrupta entre varios cargos públicos de la Comunidad de Madrid.
Varios ayuntamientos implicados
Asimismo, el alcalde de Chinchón, Francisco Javier Martínez Mayor, y la alcaldesa de Velilla de San Antonio, Antonia Alcázar, son los otros dos grandes protagonistas de esta trama en la que estarían presuntamente implicadas 24 personas. El juez Calama es el encargado de llevar a cabo esta investigación. En ella, el magistrado ha abierto tres piezas separadas. Las pesquisas afectan a diferentes ayuntamientos madrileños: Móstoles, Chinchón, Velilla de San Antonio, Getafe, Torrejón de Ardoz, Meco y Collado Villalba.
Más investigados
Además de a la política mostoleña y a los alcaldes de Chinchón y de Velilla de San Antonio, Calama también ha propuesto sentar en el banquillo a otros conocidos políticos de la región. Por ejemplo, la predecesora del alcalde de Chinchón, María Luisa Fernández; el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Meco, Luis Miguel Gómez Garda; el jefe de la sección de Recaudación Ejecutiva del Ayuntamiento de Getafe, Juan Garda; el jefe del órgano de gestión tributaria de ese mismo consistorio, Emilio Fernández Agüero, y la interventora del Ayuntamiento de Torrejón, Lucía Mora, entre otros.
Cabe destacar que, tras la existencia ya acreditada de un mecanismo consistente en la elusión de los controles legales en la adjudicación de concursos y contratos públicos, la empresa Efial cambió de nombre. Pasó a denominarse Consultoría en Gestión Innovadora (CGI).
Después de la creación de empresas municipales públicas que asumían la gestión de la entidad, se hizo cargo de las tareas de los funcionarios públicos. De esta manera, participaba en los procesos de concurso y oposición, asesorando al alcalde de turno y diseñando las bases de los concursos. Todo esto suponía un amaño, dentro del cual se ve involucrada la Directora General de Gestión Tributaria y Recaudación de Móstoles, Isabel Apellániz.
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